UNA CONSULTORA POR AQUÍ

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Con la ayuda de una consultora española en comunicaciones pero con oficinas en Buenos Aires convocada para trabajar sobre la imagen del Grupo -muchos se preguntan por qué no la contrataron antes-, Vicente Muñoz, subdirector de Marsans, fue figurita repetida todos estos días en los medios argentinos. Sus argumentos, también reiterados, se basaron fundamentalmente en que confían en que se respetará el acta acuerdo firmado con el Gobierno, “que por otra parte está vigente, como lo demuestra el hecho de que Julio Alak, designado justamente por este acuerdo para conducir la empresa en este periodo de transición, ocupa la gerencia general”. Aunque de sus declaraciones se desprende que no todos los pasos se vienen desarrollando tan armoniosamente dentro de la empresa. En la carta enviada a Julio De Vido, Muñoz se queja por los obstáculos puestos por los funcionarios para hacer la valuación de la compañía, cosa que también hicieron los auditores oficiales argumentando en la última reunión de Directorio que la Comisión Fiscalizadora habría recibido tarde la información necesaria para analizar los balances. A su vez el Grupo Marsans asegura haber presentado en el Consejo de Transición su plan de negocios -esencial para hacer una valuación desde el punto de vista del flujo futuro de fondos como pretenden los empresarios-, pero que Julio Alak había faltado sin aviso a la reunión, aunque después se habría comunicado con los directivos del Credit Suisse Nueva York para impugnar el plan sin dar más explicaciones. Esto invariablemente conduce a los empresarios españoles a sospechar no sólo que la operación difícilmente se pueda cerrar con un acuerdo el 13 de octubre -cuando se cumplen los 60 días hábiles establecidos en el acta acuerdo-, sino que el Gobierno podría estar intentando desconocer el mismo, que establece una doble tasación y una eventual tercera independiente en el caso de controversia. Para la gente de Marsans, la ley aprobada en el Congreso no anula el acta acuerdo, sino que confirma la compra de la empresa, sólo que el precio ahora lo tiene que refrendar el Parlamento. “Si no hay acuerdo, no hay venta”, dice Muñoz. Vendrá entonces, seguramente, la expropiación por parte del Estado y la demanda ante el Ciadi de los privados. Para el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Marsans ya se prepara para un juicio multimillonario contra la Argentina.

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