EL TEMA AEROLÍNEAS SIGUE SU PERIPLO POR EL CONGRESO

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Para algunos, enviar el tema Aerolíneas Argentinas al Congreso fue una estrategia para distraer a la opinión pública de problemas más graves. Para otros, una forma de compartir con los legisladores la responsabilidad de una decisión que quema y nadie sabe como terminará ni a dónde conduce a mediano y largo plazo. Lo cierto es que, como la caja de Pandora, al abrir el tema al debate es posible que muchas situaciones comiencen a ser parte de una discusión hasta ahora oculta. Como por qué no se controló la marcha de la empresa, por qué se aprobaron sorpresivamente y después de reiteradas y fundamentadas negativas los balances, por qué se ahogó financiera y económicamente a la empresa como para que ahora no se sepa hasta dónde llega la responsabilidad de la administración Marsans o por qué en el afán por voltear a dicha administración se destruyó a la industria aerocomercial argentina en general, aun al precio de dejar desconectado medio país. Mientras el secretario de Transporte viaja esta semana a Brasil para entrevistarse con los directivos de Embraer en su urgencia por comprar aviones, aún sin contar con un plan a corto y mediano plazo para Aerolíneas; en Buenos Aires el diputado radical Gerardo Morales iniciaba una demanda contra Marsans y los funcionarios de Transporte por “administración fraudulenta de los recursos que el Estado argentino cedió a Marsans”, mientras que su correligionario Oscar Aguad efectuaba una denuncia por el uso “indebidamente de más de 42 millones de euros que ingresaron a la compañía aérea entre el 11 de julio -cuando el Estado se hizo cargo de los sueldos- y el 1º de agosto, pese a que aún la empresa pertenece al grupo español. También esta semana desfilaron por el Congreso los dirigentes de los siete gremios (ver nota aparte) y los directivos del Grupo Marsans Jorge Molina, director de Asuntos Públicos, Vicente Muñoz, director financiero de Marsans; y Eduardo Aranda; que por lo bajo aspiraban todavía a recibir U$S 200 millones por la empresa. Muñoz y Aranda, en representación de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, defendieron lo actuado por la empresa y cargaron la responsabilidad sobre la presión de las autoridades nacionales, pero especialmente hacia los gremios. Los planteos fueron especialmente duros -e ilustrativos en muchos casos- con el gremio de los pilotos, a quienes se los acusó de ser los responsables de buena parte del deterioro que vivió la empresa en los últimos años.

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