Está claro que la escalada entre los gremios de Aerolíneas y Austral y la dirección de la empresa, con el respaldo del Gobierno, se endurece. Estos días sirvieron para fijar posiciones y para confirmar con qué armas y respaldo cuenta cada uno. Las escaramuzas esta semana se iniciaron con un comunicado de cinco de los gremios convocando a una asamblea y conferencia de prensa para este miércoles, la decisión de la empresa anunciando la suspensión de 376 empleados por abandono de sus puestos durante la asamblea del 8 de noviembre y el anuncio finalmente del paro para el lunes 26. La estrategia de los gremios de obligar a la empresa a pedir la conciliación obligatoria ahora y no disponer de la misma para diciembre, cuando se inicie la pelea final por las paritarias, ha fracasado. La empresa parece no estar dispuesta a utilizar esta bala de plata ahora. No lo hizo el 8 cuando los gremios estiraron una asamblea durante 11 horas a la espera de algo que nunca llegó. Encima eso les generó ponerse a buena parte de la opinión pública -factor determinante en esta pelea- en contra. Difícilmente la pida ahora para el paro del próximo lunes. De un análisis de los balances -por lo tanto algo oficial y disponible para quien lo quiera consultar- surge que ambas empresas (Aerolíneas y Austral) tenían una dotación de 8.130 empleados al 31 de diciembre de 2008 -a escasos seis meses de su reestatización- mientras que en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 la misma ascendía a 12.453. También surge del estudio de los mismos, que el costo laboral promedio, tomando el total de la masa salarial a fines del 2008, era de U$S 34.080 anuales por empleado. A fines del 2017 de U$S 60.000, es decir una mejora del 76%. La suma de esa mejora en los haberes más el incremento de la dotación hizo que el peso de la masa salarial total se incrementara en estos 9 años un 170,2% en dólares. La discusión de si corresponde pagar la compensación inflacionaria (cláusula gatillo) de septiembre ahora o incluirla en las próximas paritarias no parece ser el fondo de la cuestión. Tampoco si el gobierno tiene intenciones o no de privatizar la empresa. Difícilmente haya alguien interesado en ella en las actuales condiciones. La pelea parecería tener más un trasfondo político -prácticamente todos los gremios están con la oposición- y en preparar el terreno para pelear un 40% de actualización salarial en las próximas paritarias.
