SIN ACUERDO ENTRE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y LOS PILOTOS

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El número ya no es el problema, aunque si la excusa. La diferencia entre lo que pretenden los pilotos y lo que está dispuesta a ceder la empresa ya no hace la diferencia. Los números prácticamente se tocan si se contemplan algunas medidas compensatorias. El problema a esta altura es más político y personal que salarial. “Las paritarias se han desvirtuado”, reconoció un gremialista. El viernes, dirigentes de APLA y la cúpula de la empresa, encabezada por Isela Costantini y el gerente de Recursos Humanos, Daniel Maggi, se volvieron a ver las caras. No hubo acuerdo y hasta es posible que el mismo esté más lejos ahora, aunque a ninguno de los dos le quede mucho resto para jugar. Los pilotos, además de una carta donde se muestran “sorprendidos por el endurecimiento de la empresa y el gobierno”, convocaron a una asamblea para el jueves 27 donde posiblemente se decidirán medidas de fuerza, pero no, por ahora, tan duras como el paro sorpresivo del 13 de octubre. “Medidas que permitan mantener el diálogo”, dicen. El límite es diciembre. Allí sí, cualquier medida de fuerza puede generar un caos en los aeropuertos. El rumor es que los pilotos que actúan como inspectores e instructores podrían renunciar a este cargo gerencial a partir del 1º de diciembre lo que obligaría a parar los aviones. La gran mayoría de los empleados le teme a este escenario. El resto de los gremios estarían dispuestos a firmar en condiciones parecidas a las que cerró la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) tres semanas atrás: un 38% que el sindicato exhibió como un 42%, generando confusión en el gobierno y entre los trabajadores. Pero esperan que cierren primero los pilotos. Según trascendió, la oferta del viernes hablaba de un 35% de aumento no remunerativo durante 11 meses del acuerdo, un bono equivalente al 7% del salario mensual bruto de la categoría más alta para el mes doce, más el bono de $ 2.000 convenido entre el gobierno, los gremios y las empresas. Para APLA la oferta disminuye la pauta salarial y eliminaba puntos convencionales preacordados. Actitud que, interpretó Pablo Biró, “buscar forzar el conflicto para justificar los resultados de una mala gestión”.