Los pasajeros fueron otra vez rehenes este fin de semana de un grupo de controladores aéreos afiliados a ATE-Anac que se oponen a un contrato que el gobierno firmó con otro gremio que también dice representarlos, Atepsa, en tanto que quienes están incluidos en APTA, estaban fuera de juego alcanzados por una conciliación obligatoria decretada antes por el Ministerio de Trabajo. En definitiva, tres asociaciones que se disputan y atribuyen la representación de los controladores aéreos. Es por ello que las medidas de fuerza de un sector que obligaron a cancelar y demorar vuelos preferentemente de cabotaje esconde en el fondo una gran pelea por espacios de poder. En los últimos años los controladores pasaron de la órbita militar a la civil, luego de nuevo a la militar para finalmente terminar en la civil. En el 2015 el anterior gobierno dispuso crear EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) empresa pública a cargo de gerenciar los servicios de navegación aérea, que entró en funcionamiento en febrero de este año. Las medidas de fuerza de este fin de semana no fueron parejas en todo el país ni en todos los aeropuertos. Todo dependía de a qué gremio respondía cada turno o controlador. ATE-Anac, no muy numeroso, reclamaba por un convenio que había firmado el Ministerio de Trabajo con Atepsa. También se oponía APTA, aunque era parte de la mesa de negociaciones, por no ser reconocida como “legítima y legal entidad gremial representante de los compañeros que integran el Personal de Navegación Aérea de la Argentina”. El conflicto terminó cuando, por orden del juez Julián Ercolini, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desalojó la torre de control de Aeroparque donde se habían atrincherado afiliados a ATE que impedían el ingreso de sus colegas.
