El gobierno de Bolivia dispuso en febrero de 2013 la intervención y toma de control de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA), propiedad de las españolas Abertis y AENA, debido a la existencia de “graves riesgos de seguridad”, en los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. “La situación de los aeropuertos concesionados había llegado a un extremo tal que si no se recuperaban y reencaminaban estos aeropuertos, como se lo hizo a partir de la nacionalización, se hubiera puesto en grave riesgo la seguridad de los aeropuertos y la vida misma de las personas que utilizaban estos servicios”, afirmó el Procurador General del Estado, Héctor Arce, durante la exposición de apertura dentro de las audiencias orales del arbitraje que se llevan a cabo en París. Abertis y AENA, disconformes con la medida, promovieron una demanda buscando una compensación de US$ 86 millones cante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), cuyo proceso comenzó por estos días.
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