Tan como estaba previsto, la semana pasada Gerardo Diaz Ferrán y Antonio Mata -ambos llegaron esposados a la audiencia- debieron presentarse a declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, en el marco de la causa en la que investiga la presunta apropiación indebida por parte de Air Comet de U$S 453 millones que el gobierno español les habría transferido para implantar un plan industrial en Aerolíneas y satisfacer contingencias. Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de prisión por vaciar el Grupo Marsans y con otro juicio pendiente por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans, se defendió argumentando que no estaba en el día a día de la compañía y que ésta la llevaba su socio, fallecido en 2012, Gonzalo Pascual y Mata. Éste último en cambio, aseguró que las acusaciones eran falsas y que el dinero se había invertido bajo el control de la SEPI y del Tribunal de Cuentas por lo que terminó involucrando a funcionarios del gobierno. “Para la gestión de este dinero hacían falta dos firmas, la de la SEPI y la de Air Comet, así como el control del Tribunal de Cuentas”, dijo. Según la querella, los imputados se habrían adueñado de dos pagos -uno de U$S 248 millones y otro de U$S 205 millones- que hizo la SEPI a Air Comet, tras autorizar el Consejo de Ministros la venta de Intervest (dueña de Aerolíneas) a Air Comet por la suma simbólica de 1 dólar.
