EL PROBLEMA NO SON LOS DATOS, EL PROBLEMA ES QUIEN LO PIDE

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La publicación el último jueves en el Boletín Oficial de una resolución conjunta de varios organismos oficiales que obliga a las aerolíneas y aeronaves particulares a informar una serie de datos personales de sus pasajeros -32 datos, para ser más exactos- antes y después de cada vuelo generó, en un país paranoico, alarma. Según la resolución, la misma busca “simplificar los procedimientos operativos aduaneros, migratorios y de seguridad aeroportuaria», como también trabajar en la «prevención de los delitos, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes». En realidad esta información, datos más datos menos, está contenida en el Informe Anticipado de Pasajeros (API por sus siglas en ingles) que comprende la captura de los datos biográficos y los detalles del vuelo de un pasajero o tripulante antes de la salida para ser luego controlado por el control fronterizo del país de destino con posterioridad al vuelo. Control que ya exigen en muchos países en respuesta a una resolución de la OACI. Hasta allí nada sorprendente. Lo que llamó la atención en el caso argentino es que el organismo que encabeza el pedido de información, con la firma de su titular en primer lugar, es la AFIP, que como se sabe nada tiene que ver con la seguridad. También a las aerolíneas les preocupa entregar sus PNR, donde se consignan datos muy valiosos de sus pasajeros. En un país donde la información confidencial es confidencial, no hay problema pero a las aerolíneas les preocupa el uso que se le pueda dar en un país donde una aerolínea es juez y parte. “Es como entregarle a la competencia el ADN de cada uno de mis clientes”, razonó el directivo de una compañía extranjera.