A raíz de una presentación del senador radical Gerardo Morales que acusa a los funcionarios de haber omitido denunciar penalmente a Marsans después de la reestatización de Aerolíneas, el fiscal federal Ramiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. La denuncia incluye también la no presentación ante la Inspección General de Justicia de los balances de la compañía. Según el legislador, los funcionarios cuestionados -incluye también a la procuradora Angelina Abbona- no denunciaron ante la Justicia un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que daba cuenta que a Marsans se le pagó U$S 833 millones dólares por la expropiación, además de condenársele deudas impositivas por 319 millones de pesos y haberse hecho cargo el Estado de pasivos post concursal. De Vido se defendió afirmando en un comunicado que «gracias a nuestra gestión se recuperó Aerolíneas Argentinas y a nuestra labor política y denuncias es que hoy los dueños de Marsans estén presos, condenados por la justicia española». A su vez contraatacó acusando a los radicales de haber vendido la empresa a Marsans por un dólar, lo que representa un error histórico ya que fue el gobierno español, propietario de la compañía a través de la SEPI luego de la privatización encarada por el peronista Carlos Menem, quien transfirió la empresa al cuestionado grupo español por este valor simbólico
