Pese a que el Consejero Delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, le advirtiera a su par y jefe de IAG (International Airlines Group), Willie Walsh, que sería imposible cerrar un pacto con los trabajadores si la compañía no acepta negociar un plan de viabilidad que compense el ajuste laboral y los esfuerzos salariales, las posturas no han variado y se mantienen las amenazas de nuevos paros para los días 4 a 8 y 18 a 22 de marzo. Según estimaciones preliminares, la primera jornada de cinco días de huelga le significó a Iberia una pérdida de entre 22 y 30 millones de euros. El gobierno español, mientras tanto, propiciará un acuerdo en los próximos días que permita desconvocar las dos fases de huelga pendientes. En todo este proceso de entendimiento es fundamental el papel del Ministerio de Fomento, cuya titular, Ana Pastor, se reunió por separado con la plana mayor de Iberia, incluido su presidente, y los sindicatos mayoritarios de la compañía. La figura del mediador ha sido bendecida por el Ministerio de Fomento, pero el problema no es la conducción de Iberia sino convencer a IAG y a su consejero delegado, Willie Walsh. Pero el problema es que éste considera que el diseño empresarial de su filial española es innegociable y no está dispuesto a ceder en aspectos que considera esenciales como el desarrollo de Iberia Express, la integración de Vueling y el cierre de rutas no rentables. Para los sindicatos, esto supone directamente el desmantelamiento de la compañía española. La empresa ya anunció la cancelación de 1.300 vuelos para la semana que viene. Allí están incluidos vuelos de Vueling, Air Nostrum e Iberia Express.
