Para el viernes 13 de julio los gremios aeronáuticos -con excepción de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)- habían determinado un paro de actividades por 24 horas. No era un día cualquiera. Era el inicio de las vacaciones de invierno, cuando más le duele a los usuarios y más complica a las aerolíneas que deben encontrar en los siguientes días con vuelos llenos como transportar a estos pasajeros de un día con record de demanda. Generalmente, cuando una medida de fuerza se anuncia con cierta anticipación, implica la posibilidad de abrir una instancia de negociación o una puerta para el mecanismo previsto por ley de Conciliación Obligatoria. La misma arrancó este miércoles 11 y tiene una duración de 15 días. Luego habrá que ver qué pasa. La medida anunciada por siete de los gremios no tenía un trasfondo salarial sino político. No era contra las empresas, sino contra el Gobierno, más específicamente el Ministerio de Transporte. Entre los reclamos más destacados de los gremios -todos conducidos por dirigentes empleados del grupo Aerolíneas/Austral, salvo dos pero que sin embargo responden al liderazgo de uno de los secretarios gremiales más antiguos e identificado con la empresa estatal- se destaca la oposición “a la apertura masiva e indiscriminada del mercado aerocomercial”, en referencia clara a las low cost que ya están o prometen venir, y la eliminación de la banda tarifaria inferior. Los argumentos sonaban un tanto raros ante la opinión pública ya que la llegada de nuevas empresas implica más trabajo para el sector -también es cierto, más competencia para Aerolíneas Argentinas- y la liberación de las tarifas, que más gente tenga acceso al avión. Obviamente el tema seguridad también aparece entre las advertencias, un clásico de los conflictos gremiales. Algo que suele desaparecer en cuanto se soluciona el conflicto.
